En Salta se analiza si será necesaria la modificación del Código Procesal Civil y Comercial o si las modificaciones pueden implementarse con un plan piloto. El ministro López Arias abrió una jornada con especialistas.

En Salta está en estudio la implementación de la oralidad en procesos judiciales ordinarios, cambio que daría respuesta a la demanda social de una justicia más ágil y más cercana a la gente. Para nutrir el análisis que realiza la Comisión de Análisis de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia al respecto, especialistas compartieron hoy sus experiencias en la primera jornada de Oralidad y Reforma del Sistema Judicial.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, destacó en la apertura las reformas realizadas en Salta en materia judicial, poniendo a la provincia a la vanguardia y convirtiéndola en ejemplo para otras jurisdicciones. Pidió “derribar las barreras que aparecen cuando se analizan cambios” para atender a la sociedad que solicita un acceso simple a la justicia.

Con la implementación de la oralidad en procesos judiciales ordinarios se acortarían los plazos de los procedimientos, les otorgaría más transparencia, y el juez recuperaría un rol protagonista en el contacto con la ciudadanía. Lo que la Comisión debe determinar además es si será necesaria la modificación del Código o si los cambios pueden hacerse con un plan piloto o un plan permanente.

En la jornada se escucharon las opiniones de abogados, magistrados y operadores del sistema. La misma fue organizada por la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Colegio de Magistrados, Poder Judicial y el Ministerio Público.

La secretaria de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Carolina Geist, marcó que “debemos repensar muchas cosas” y explicó que se plantea la implementación de la oralidad en los procesos judiciales ordinarios “porque son los que más plazos demandan hasta la sentencia ejecutiva”. Adelantó que la Comisión volverá a reunirse en los próximos días para retomar el análisis en base a las opiniones recogidas hoy.

Ignacio Colombo, consejero del Colegio de Magistrados, dijo “es una realidad innegable que la prestación del servicio de justicia está en grave crisis” y “debe ser solucionada”. En esa línea coincidió con la agilidad que tomaría la justicia a partir de los cambios propuestos y aseguró que desde la institución se ofrecerán todos los esfuerzos por ese objetivo.

La experiencia de Formosa fue puesta como ejemplo. La jueza Civil y Comercial 4 de Formosa, Claudia Pieske de Consolani, comentó que desde la generalización de la oralidad en el sistema en esa provincia, el 97% de los usuarios manifestaron su satisfacción y marcó que los tiempos de resolución bajaron en promedio a 13 meses, cuando antes demoraban entre 4 y 5 años.

También disertaron Eduardo Oteiza y Sergio Pereira Campos, funcionarios del programa Justicia 2020; y Patricia Bermejo, integrante de la comisión redactora del proyecto de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A la apertura asistió el vicepresidente segundo de la Corte de Justicia, Fabián Vittar, y el vicepresidente del Colegio de Abogados, César Rodríguez Galíndez.