La unidad que hace el monitoreo electrónico cumplió un año de funcionamiento. El dispositivo   funciona bajo la supervisión de la Subsecretaría de Políticas Criminales.

La Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) cumple su primer año de funcionamiento con 56 personas con prisión domiciliaria que son vigiladas con tobilleras electrónicas. A cinco se les aplica además el sistema GPS, al haber sido autorizadas por la Justicia a continuar estudios o a trabajar por ser el único sustento familiar.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, dijo al personal de la UADME que la Provincia “está orgullosa del trabajo que hacen” y destacó que el dispositivo salteño es modelo y ejemplo a nivel nacional. El funcionario participó hoy en una ceremonia breve que se hizo para reconocer la labor del personal, que recibe entrenamiento permanente.

En este primer año fueron monitoreadas 72 personas, de las cuales más de 30 se encontraban en el interior provincial. La proyección es llegar a las 500 hasta el próximo año: actualmente se cuenta con 120 equipos y a Nación se solicitó otros 200 para incorporar al sistema y cubrir la demanda de la Justicia.

El director de la UADME, José Flores, informó que el trabajo se extendió a toda la provincia y destacó el trabajo con la Justicia y la Policía. Mencionó que se trabaja con jóvenes en conflicto con la ley lo que convierte a Salta en pionera; en este punto, comentó que un joven con prisión domiciliaria en Capital ya está en el sistema de vigilancia electrónica y que se avanza con otro caso en Metán.

Entre los logros también se menciona el interés de otras provincias en recibir entrenamiento y capacitación de personal salteño. Hay nuevos pedidos de Entre Ríos y Neuquén. Ante este interés se planifica un congreso nacional para septiembre próximo.

El seguimiento de las tobilleras electrónicas se hace las 24 horas, los 365 días del año, desde el centro ubicado en Capital. El sistema funciona bajo la supervisión directa de la Subsecretaría de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios. El titular del organismo, Ramiro Lucena, puso en valor la capacidad del Servicio Penitenciario de adaptarse a los cambios.   

Lucena recordó que esta tecnología es inviolable y que la incorporación se da por un convenio entre el Gobierno de la Provincia y el Ministerio de Justicia de Nación que provee a Salta el equipamiento.

En la ceremonia estuvieron los secretarios de Políticas Penales y de Justicia y Métodos Participativos en la Resolución de Conflictos, Pablo Alavila y Carina Iradi; y el el director general del Servicio Penitenciario, Juan Daza, entre otros funcionarios. En la oportunidad, se descubrió una placa.