Con provincias y municipios salteños se realizaron videoconferencias, la mayoría ligada a temas de familia.

  

 

El 74 por ciento de los casos atendidos por el servicio de mediación a distancia terminó en acuerdo el año pasado. Los temas de familia fueron mayoría y se realizaron videoconferencias con Jujuy, Buenos Aires, Santa Cruz, Corrientes, Chaco, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Catamarca, San Juan y Tierra del Fuego. También con municipios salteños.

 

El Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia promueve con este servicio la resolución de conflictos entre personas que se encuentran geográficamente en distintos puntos. Por videoconferencia, las partes verse y hablar en tiempo real.

 

La oficina de Mediación a Distancia gestiona estas intervenciones con personas que, por distintos motivos, se encuentran en ciudades diferentes y no tienen posibilidades de viajar para plantear y resolver sus conflictos.

 

“Siendo la mediación una política pública en toda Salta, las distancias no son un impedimento para dar la posibilidad a las personas de acercarse en un espacio donde se propicia el diálogo y se trabaja en pos de un acuerdo”, indicó el subsecretario de Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Gustavo Skaf.

 

Para acceder al servicio, se puede solicitar información en la oficina ubicada en Santiago del Estero 2.291 (primer piso, oficina 6) o comunicarse al teléfono 4329208 (interno 38). Se atienden temas derivados por las defensorías, por otros centros de mediación o los planteados por alguno de los involucrados.

 

Los temas que se tratan son los que la ley exige pasar previamente por mediación como así también otros aspectos o problemáticas donde la mediación puede dar una respuesta eficaz.

 

La modalidad de trabajo incluye a un mediador, el tercero neutral, quien conduce el proceso de negociación, asistiendo a las partes para que puedan manifestar sus intereses y necesidades, intentando un acuerdo satisfactorio para evitar la judicialización del problema.