Lopez Arias recordó el incumplimiento del Gobierno central y rechazó que el reclamo provincial esté vinculado a una cuestión política. “Es lo que establece la ley”, dijo el ministro de Gobierno.

 

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, refutó al titular del Ministerio de Justicia de Nación, Germán Garavano, y dijo que “técnicamente” es correcto el reclamo de la Provincia de Salta por la manutención de presos por microtráfico de drogas. El Ejecutivo adhirió en 2014 a la ley de desfederalización y desde entonces se acumula una deuda que hoy supera los $ 550 millones.

La ley nacional vigente, la número 26052, establece en su artículo 5º: “A los efectos de la presente ley, establécese un sistema de transferencias proporcionales, a las jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley”.

López Arias recordó que la adhesión a esa normativa habilitó el proceso de transferencia de recursos por ese concepto, que Nación no cumple con Salta. La Legislatura provincial aprobó la ley 7782 en 2013, herramienta que le permitió a la Provincia a adherir a la desfederalización a partir de enero de 2014.

El ministro Garavano dijo que el tema debe ser discutido en el Congreso, olvidando que hay una ley nacional en vigencia, aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. “Este reclamo no es una cuestión política ni tiene relación con la coparticipación de recursos que le corresponde a la Provincia. Se trata de un acuerdo establecido entre Nación y Provincia, acuerdo que no se está cumpliendo por parte del gobierno central”, indicó el ministro López Arias.

El año pasado se intensificaron las gestiones de la Provincia para que esa deuda sea saldada y para la ampliación o la realización de nuevas obras carcelarias que mejoren las condiciones de alojamiento de los internos.

Garavano primero ofreció al Gobierno provincial montar cárceles modulares, luego ofreció el financiamiento parcial para la ampliación de la Alcaidía de Capital, con financiamiento compartido. En este proceso, la Secretaría de Políticas Penales cumplió con la presentación del proyecto de ampliación de la Alcaidía, de acuerdo a lo acordado con el funcionario nacional.  

En el marco de la ley en vigencia, el anterior procurador de Salta Pablo López Viñals también realizó una presentación ante Nación reforzando el pedido provincial para que la deuda que se reclama sea saldada. A esto debe sumarse la existencia de una resolución del Ministerio de Justicia de la Nación que fija el valor diario del mantenimiento de internos federales, alojados en cárceles provinciales: en todas las reuniones del Consejo Federal Penitenciario se reclama su actualización.