El Ministerio de Derechos Humanos y Justicia reafirma la necesidad de profundizar el compromiso y responsabilidad que implica la tarea de comunicadores sociales y funcionarios públicos en reconocimiento a la identidad, el trato igualitario y la dignidad de todas las personas.

En corcondancia con la Ley de Identidad de Género 26.743, el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Salta insta a trabajar en la erradicación de las prácticas sociales discriminatorias en concordancia con los contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consagrada en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
 
En este marco desde el Ministerio, se trabaja para promover la perspectiva de género, la igualdad real de derechos, de oportunidades y de trato de las mujeres y del colectivo LGBTIQ en todos los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales, a través de la ideación e implementación de actividades de formación, promoción, prevención y sensibilización, la articulación y fortalecimiento institucional de todos los actores gubernamentales y no gubernamentales involucrados en la temática, la revisión y elaboración de normas y documentos referidos a cuestiones de género como así también promover el ejercicio de buenas prácticas.
 
En este sentido, el rol de los medios de comunicación, los comunicadores sociales y funcionarios públicos representan un factor fundamental en la lucha contra la violencia de género, por lo que, ante hechos ocurridos recientemente, resulta imperioso prevenir, abordar y erradicar todas aquellas prácticas que pudieran acrecentar desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales.
 
Estamos frente a hechos no solamente susceptibles de ser tachados desde el punto de vista de su moralidad, sino también contrarios a la ley vigente en nuestro país que promueve la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, la que obliga también a los medios de comunicación, funcionarios públicos, empresas privadas e instituciones públicas a eliminar este tipo de comportamientos en reconocimiento de la identidad, el trato igualitario y la dignidad de todas las personas.