El equipo de especialistas del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia resolvió el 61% de las audiencias.

Un equipo de mediadores comunitarios, especialistas en mediación penal y justicia restaurativa del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, realizó 13 mediaciones penales a solicitud del Ministerio Público Fiscal

Los mediadores de la Secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos resolvió, con acuerdo de las partes, el 61% de las audiencias.

Se logró así pacificación social y la revinculación de las partes en conflicto, agilizando el curso de las causas judiciales y evitando gastos y traslados desde Iruya hacia Salta Capital.

Desde la Secretaria de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, su responsable, Gustavo Skaf, manifestó que “es una satisfacción muy grande asistir a otros organismos del Estado con el cuerpo de mediadores del Ministerio”.

Asimismo, destacó la tarea del mediador comunitario de Iruya, Luis Zambrano, y del equipo que se trasladó a ese municipio por su compromiso en acercar la justicia a la gente.

Las partes en conflicto, tanto víctimas como imputados, contaron con el asesoramiento permanente de los abogados del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, quienes brindan asesoramiento jurídico gratuito de forma itinerante.

En Salta, la mediación penal empezó a regir con la adaptación del sistema del nuevo Código Procesal Penal, que en sus artículos 235 y 236 establece los alcances y efectos de la mediación. En este sentido, se determinó que será el fiscal el que tendrá la potestad de recurrir a este método de oficio o a petición de las partes, con la intervención de un mediador.

La mediación penal no podrá aplicarse en delitos sexuales, en los sancionados con penas de prisión de más de seis años, cuando se trate de delitos que sean cometidos en perjuicio de la administración pública y cuando la víctima fuera menor de edad, entre otros.