En la jornada coordinada por el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia y el Centro Ulloa dependiente de Nación, se trabajó sobre el abordaje estratégico de casos de violencia institucional.

La actividad denominada “perspectiva de abordaje en el trabajo con víctimas de violencia institucional”, estuvo destinada a equipos técnicos de las fuerzas de seguridad, agentes estatales y profesionales afines a la temática, quien durante la jornada abarcaron la definición de la violencia institucional y sus diversas tipologías, el trabajo sobre la violencia policial, sus patrones y su naturalización. Donde también se expuso y detall​ó​ el sistema provincial de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.

Desde el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, el ​s​ecretario de Derechos Humanos Federico Uldry Fuentes manifestó que desde la Provincia se trabaja intensamente en la temática y recordó que este año se impulsó desde el Gobierno de la Provincia, el Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia, al sancionar con fuerza de ley el sistema provincial de prevención de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.

Por su parte desde la Dirección Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional, su responsable, Matías Garrido, expresó “La violencia institucional es un fenómeno estructural extendió en todo el país, es un grave déficit de nuestra democracia, con más de 600 casos en todo el país, pero pensamos que son muchos más los que no son denunciados”.

Además recordó que La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional brinda asesoramiento jurídico y asistencia psicosocial a víctimas de la violencia institucional y otras graves violaciones a los derechos humanos.

Por su parte,el subsecretario de Protección y Formación de Derechos Humanos, Ricardo Nioi García, manifestó la importancia de contar con el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto es garantizar todos los derechos reconocidos, tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, consagrados por la Ley Provincial Nº 8024.

Finalmente se compartieron experiencias respecto al abordaje estratégico de casos, la importancia de la planificación de los distintos procesos de trabajo, su protocolización y la metodología para el ejercicio de la derivación responsable basada en acuerdos interinstitucionales y el trabajo en red.